Asimismo, insistía que el Ayuntamiento solicitara a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria que dieran su aprobación a esta iniciativa normativa ‘antiokupa’, “por ser de interés general y necesaria para corregir un grave problema social y de convivencia generado debido a estas actividades ilegales contrarias al derecho a la propiedad ya la seguridad de las personas y las cosas “. Por lo que, el apoyo de todos los partidos, se traduce por su portavoz popular municipal, Xisco Ferrà, en “una satisfacción que el equipo de gobierno tenga interés en llegar a acuerdos con el PP“
Sin embargo, desde el PP de Marratxí recuerdan que “en su intervención inicial, el concejal de Policía, Antonio Mangiova dejó muy claro que el equipo de Gobierno votaría en contra de la moción por considerarla demencial, negando todos los puntos de acuerdo “pero, en su réplica, Ferrà se mostró extrañado por la postura del equipo de gobierno y le recordó que esta ley da respuesta a lo que solicitó el PP en 2017 a raíz de una moción presentada por el PP que fue convertida en una declaración institucional votada a favor por todos los grupos en que se pedía instar al gobierno del Estado a impulsar los cambios normativos y legales que hagan posible que ante una ocupación ilegal las autoridades locales tuvieran más competencias para actuar, a impulsar los cambios normativos para endurecer las penas a las personas que ocupen una vivienda en contra de la voluntad del propietario y que se posibilitara restituir la posesión de la vivienda de manera urgente.
Ferrà cuestionó las órdenes de Mangiova en este sentido a la policía y le re-cordón que en la declaración institucional también se aprobó que el Ayuntamiento ejecutaría una política preventiva del empleo y que cuando el portavoz municipal del PP acudió a denunciar el intento de ocupación de una vivienda municipal al inspector de Policía, “la respuesta de éste fue que avisaría a los Servicios sociales“.
Finalmente, Ferrà insistió en la necesidad de luchar contra este grave problema social y pidió al equipo de gobierno que recapacite y “ante los argumentos del equipo de gobierno que no tenían el texto completo de la ley y sin conocerse lo podían aprobar“, Ferrà aceptó votar un punto único; “El Ayuntamiento solicitara a todas las fuerzas política con representación parlamentaria que estudiaran la proposición de ley presentada por el PP y, en su caso consensuaran una normativa anti okupa, por ser de interés general y necesaria para corregir un grave problema social y de convivencia generado a causa de estas actividades ilegales contrarias al derecho a la propiedad ya la seguridad de las personas y las cosas “.